Otro cuestionable acto del gobierno de Martín Vizcarra salió a la luz. Su gestión y Nelson Shack, ahora excontralor de la República, endeudaron a la institución técnica por cien millones de dólares (370 millones de soles, al cambio) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018.
En mayo de ese año, el Congreso había aprobado una modificación a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), para que pudiera sancionar administrativamente a funcionarios. A pesar de que el Tribunal Constitucional evaluaba su validez, se gestionó un proyecto para supuesta capacitación.
Shack y Oliva
“Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública” se denominaba el tema, que fue encargado a Amparo Ortega Campana, actual gerente de Tecnologías de la Información en la Contraloría.
El convenio se firmó el 14 de diciembre de 2018, cuando Carlos Oliva era ministro de Economía (sector que se comprometió a colocar la mitad del dinero, es decir, US$ 50 millones, al cambio S/ 185 millones).
Según señalan documentos de seguimiento, el dinero se usó para la contratación masiva de programadores de software. En su mayoría, estos habían estado vinculados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la gestión del controvertido Piero Corvetto.
“Elefante blanco”
- También se destinó más de un millón de dólares al Sistema de Gestión e-PAS (Proceso de Sistemas Administrativos Sancionador), considerado un “elefante blanco”.
- El TC derogó la norma que facultaba a la CGR a aplicar diversas sanciones.
- Por César Rojas