El Poder Judicial aceptó el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc, que solicita una reparación civil de US$42 millones contra el ministro de Vivienda, Durich Whittembury. Esta reparación busca cubrir los daños patrimoniales y extrapatrimoniales relacionados con las investigaciones por colusión y asociación ilícita para delinquir.

En la resolución judicial se detalla: «… en consecuencia, fundada la solicitud de constitución en actor civil de la Procuraduría Pública Ad Hoc… que ha establecido como monto de postulación de la reparación civil la suma de US$42,890,841.35 por daño extrapatrimonial y patrimonial, así como el monto de S/9,119,316.00 por daños extrapatrimoniales por el delito de Lavado de Activos».

Investigación contra Whittembury
El ministro de Vivienda es investigado por su presunta implicación en un esquema de corrupción relacionado con contratos de agua potable en Chimbote. La investigación involucra la adjudicación del proyecto «Sistema de Agua Potable de Chimbote – Lote 4».

En 2004, varios funcionarios, entre ellos Whittembury, habrían coludido con Odebrecht y otras empresas para manipular el proceso de licitación. Aprobaciones irregulares de modificaciones al contrato permitieron inflar el presupuesto sin justificación técnica adecuada, generando sobrecostos que afectaron al Estado peruano.

A Whittembury se le acusa de no cumplir con su deber de revisar el Expediente Técnico de la obra. Su negligencia facilitó la aprobación de ajustes que no eran necesarios, lo que incrementó los costos del proyecto.

Complicidad con Odebrecht
La investigación sostiene que los involucrados, en coordinación con Odebrecht, alteraron presupuestos y agregaron sobrecostos para favorecer a la empresa en la licitación. Estos actos ilegales generaron pérdidas millonarias para el Estado.

El caso también implica a otros funcionarios como Víctor Manuel Belaunde Gonzales, Eduardo Manuel Maguiño Arenaza, Werner Saúl Guevara Vargas y Cresencio Chuqui Lucio, quienes habrían tenido roles clave en la manipulación del proceso de licitación.


Otros cuestionamientos al ministro Whittembury
A pesar de su experiencia, Whittembury ha enfrentado controversias. En 2022, asumió el cargo de secretario general del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Geiner Alvarado, quien actualmente está encarcelado. Estuvo bajo la supervisión de Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del ministerio, quien se convirtió en colaborador eficaz en el proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo.

Además, Whittembury está vinculado a una denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra Castillo por presunta organización criminal. Según la denuncia, Whittembury fue nombrado en cargos estratégicos para facilitar actividades ilícitas dentro del gobierno. (La Razón).

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