El actual integrante de la Junta Nacional de Justicia, Francisco Távara Córdova, cuestionado desde hace varios años en el ámbito judicial peruano, enfrenta nuevamente serias acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estas denuncias presentadas ante el Ministerio Público han generado un intenso debate sobre la integridad de quienes han ocupado altos cargos en el sistema de justicia del país.
Las sospechas en torno a Távara se intensificaron tras reportes que indicaban que habría ganado en dos ocasiones el premio mayor de la lotería La Tinka, obteniendo sumas millonarias. Este hecho inusual levantó sospechas sobre la legitimidad de su fortuna y posibles maniobras para encubrir ingresos de procedencia dudosa.
Además, anteriormente se le ha vinculado como socio copropietario de la
empresa de transportes Línea S.A., lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de sus ingresos y la posible omisión de información en sus declaraciones patrimoniales.
De acuerdo la denuncia, que corresponde a la carpeta fiscal n.° 344-2024, presentada por el ciudadano Humberto Rodríguez Cerna, también se le acusa al exjuez supremo de pretender despojarlo de un inmueble de cinco pisos valorizado en un millón y medio de dólares, ubicado en la ciudad de Trujillo.
Para ello, precisa el documento, contaría con la complicidad de Javier Berrú Vargas, presunto testaferro del denunciado.
Estas denuncias ante diversas instituciones judiciales han puesto en tela de juicio la reputación de Távara Córdova, quien ha ocupado cargos de relevancia, incluyendo la presidencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial en el periodo 2007-2008, y la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura(OCMA) entre 2002 y 2006.
Al parecer, el veterano ex notario, de 74 años, próximo a retirarse de la Junta Nacional de Justicia, cuando cumpla 75 años en el 2026, no deja de lado los cuestionamientos y dudas sobre su integridad.
La comunidad jurídica y la sociedad en general exigen una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca estas acusaciones y determine las responsabilidades correspondientes. La integridad del sistema judicial peruano depende de la probidad de sus miembros, y casos como este resaltan la necesidad de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
Es imperativo que las autoridades competentes, como la Junta Nacional de Justicia, que cuenta con nuevos integrantes, actúen con diligencia para garantizar que la justicia prevalezca y se mantenga la confianza pública en las instituciones encargadas de impartirla. (Diario Uno)