Jorge Céspedes, vecino notable del distrito, denuncia a la alcaldesa Mónica Tello.
En una reciente sesión del Concejo Municipal, la alcaldesa Mónica Tello reconoció parcialmente inconsistencias en su Declaración Jurada de Intereses (DDJJII), generando controversia entre los vecinos y autoridades locales.
Tello admitió no haber declarado su vinculación con la Coordinadora Vecinal Metropolitana del Perú, afirmando haber presentado su renuncia a dicha entidad el 3 de enero de 2025. Sin embargo, y surgen interrogantes sobre el procedimiento, especialmente considerando que la alcaldesa ha argumentado que la Coordinadora «no existe» por estar en baja de oficio en SUNAT. ¿Entonces a quien envío su renuncia si no existe la institución?
Contrario a sus afirmaciones sobre la inactividad de la Coordinadora, existen registros de la participación de Tello en múltiples actividades organizadas por esta entidad, incluyendo asambleas vecinales, ferias democráticas, debates públicos y denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales.
La situación se complica al revelarse que la Coordinadora reactivó su RUC en febrero de 2025 y continúa operando normalmente, desacreditando el argumento de su inexistencia. Especialistas señalan que una entidad solo deja de existir legalmente si se registra su extinción en SUNARP.
Las omisiones en la declaración de Tello no se limitan a la Coordinadora. Según las investigaciones, la alcaldesa tampoco habría declarado su participación en siete entidades adicionales, entre ellas MORORIME SAC, la Cámara de Turismo de Pueblo Libre, y varios partidos políticos como Renovación Popular, Restauración Nacional y Solidaridad Nacional.
Ante estos cuestionamientos, Tello ha señalado que la Contraloría le permitió regularizar estas omisiones en su DDJJII de 2025. No obstante, expertos legales indican que la legislación vigente no permite subsanar faltas graves de manera retroactiva, y se ha solicitado un pronunciamiento formal de la Contraloría al respecto.
Las irregularidades detectadas forman parte de un patrón que se habría repetido en sus declaraciones juradas de 2023, 2024 y 2025, lo que ha motivado a grupos de vecinos a anunciar la presentación de una denuncia formal, exigiendo transparencia en la gestión municipal.
Aunque la alcaldesa ha argumentado que el Reglamento Interno del Concejo (RIC) no contempla sanciones para su cargo, juristas señalan que este reglamento no puede prevalecer sobre normas superiores como la Constitución o la Ley Orgánica de Municipalidades, que sí establecen sanciones para el incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de funcionarios públicos.
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