En medio de una crisis de representación política y descontento ciudadano, la presidenta Dina Boluarte vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por decisiones políticas o alianzas estratégicas, sino por los beneficios personales que adquirió desde su llegada al poder, en abierto contraste con lo que alguna vez juró defender: la austeridad.
Durante su campaña para el Congreso en 2021, Boluarte, entonces candidata por Perú Libre, criticaba duramente los privilegios que rodeaban a los funcionarios públicos.
“No necesito policías que me protejan… Yo puedo manejar mi vehículo…”, decía en una entrevista con Léeme TV, como parte de una narrativa que la acercaba a “la gente común”. Hoy, esa promesa parece esfumada.
Cuatro años después, la presidenta adoptó los beneficios que antes cuestionaba, incluso los multiplicó. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un aumento de su salario a más de S/35.000 mensuales. Además, se reveló que Boluarte recibe una tarjeta de alimentación recargable con S/5.000 al mes, costeada con fondos públicos, para cubrir sus gastos personales y los de su familia.
La tarjeta, según un reportaje de ‘Punto Final’, permite adquirir alimentos, carnes, frutas y pagar en restaurantes, panaderías y cafeterías de Lima. No hay un límite diario de gasto, y si se agota el monto mensual, la residencia presidencial puede solicitar una recarga. En total, el Estado destina al menos S/60.000 anuales solo para este beneficio, sin contar posibles ampliaciones.
Boluarte no solo accede a una tarjeta con fondos públicos, sino también a un sistema de seguridad exclusivo, transporte oficial y otros privilegios que, en campaña, aseguraba no necesitar. Lo que en 2021 era un discurso sobre coherencia y cercanía con el pueblo, hoy se ve desmentido por los hechos.
En esa misma entrevista de campaña, la hoy presidenta se preguntaba: “¿Los congresistas por qué tenemos que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos?”. El contraste es evidente. Como jefa de Estado, Boluarte no cuestiona los beneficios, sino que los asumió como parte del ejercicio del poder.
La contradicción no es menor en un país donde más del 70 % de los trabajadores se encuentra en la informalidad, el salario mínimo no alcanza los S/1.200 y millones de peruanos enfrentan dificultades para cubrir su alimentación diaria. Mientras tanto, en Palacio, se destinan recursos estatales a cubrir gastos personales de una presidenta que prometió ser distinta.
Por Fabrizio Morán