| Fuente: Instituto Peruano de Economía |
Economistas ponen en duda meta fiscal 2026 y respaldan ingreso de capital privado en Petroperú Nueva encuesta del IPE revela escepticismo sobre el cumplimiento del déficit fiscal y amplio consenso a favor de reformas estructurales. Un amplio grupo de economistas cuestiona la viabilidad de la meta fiscal trazada para este año. Así lo revela la primera edición de la iniciativa “Los principales economistas opinan” del Instituto Peruano de Economía (IPE), un sondeo que recoge la percepción de 77 especialistas sobre los principales desafíos económicos del país. De acuerdo con los resultados, “el 65 % de los encuestados no considera creíble ni alcanzable la meta de reducir el déficit fiscal a 1.8 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026”. El estudio también muestra una postura clara frente a la situación de Petroperú. Según el IPE, “el 87 % de los encuestados indica que se requiere el ingreso de capital privado” para enfrentar los problemas de la petrolera estatal. Esta posición apunta a una mayor participación del sector privado como vía para asegurar sostenibilidad financiera y operativa. En el ámbito social, perciben señales alentadoras. “El 90 % de los encuestados estima que la pobreza monetaria disminuyó en el último año”, favorecida por una inflación contenida, la estabilidad monetaria garantizada por el Banco Central de Reserva (BCR) y una recuperación del empleo formal privado. No obstante, el sondeo del IPE también advierte sobre desafíos estructurales. Para los especialistas, el deterioro de las cuentas fiscales, la situación de Petroperú y el avance de economías ilegales, como la minería ilegal, configuran una agenda prioritaria para el próximo gobierno. |
| Fuentes: Ante todo ciudadanos / Observatorio Ceplan / Canal N |
Alerta por posible aumento del ausentismo y voto nulo en las elecciones de 2026 Una baja participación y el aumento de votos inválidos encenderían una señal de alarma sobre el respaldo real con el que asumirán el próximo gobierno y el nuevo Congreso. Las Elecciones Generales 2026 se desarrollarán bajo una creciente preocupación por la participación ciudadana y sus efectos en la gobernabilidad, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con la campaña de difusión Ante todo Ciudadanos, “30 % de peruanos no fue a votar [en las elecciones presidenciales de 2021] y se estima que esta cifra podría ser más grande este año”, una tendencia que se suma a las proyecciones de un posible aumento del voto blanco y nulo. Por su parte, la encuestadora Datum Internacional concluye que esta combinación puede reducir el respaldo político de las autoridades electas y aumentar la dificultad para alcanzar consensos en el Congreso y el Ejecutivo. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) recuerda que la participación ciudadana es un componente esencial de la calidad democrática, ya que permite que las políticas públicas reflejen la voluntad colectiva. En esa línea, Ante todo Ciudadanos recuerda que “el voto es libre, secreto, personal y obligatorio e implica que lo asumamos con responsabilidad”. Si el ausentismo y el voto no válido aumentan, la legitimidad política puede verse afectada, lo que influye en la estabilidad institucional y en la capacidad de impulsar políticas de largo plazo. De cara a este 2026, especialistas coinciden en que la magnitud del ausentismo y del voto no válido será un indicador clave del nivel de involucramiento ciudadano. Más allá de una obligación legal, acudir a votar y ejercer el derecho de forma informada será determinante para el grado de legitimidad y estabilidad con el que iniciarán funciones las próximas autoridades. |
| Fuente: Revista Economía |
Inversión pública en crisis: el 45 % de las obras iniciadas desde 2012 permanecen paralizadas Un informe de CAPECO advierte que el impacto de los proyectos detenidos equivale al 17,3 % del PBI, revelando una desconexión estructural entre presupuesto y ejecución. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), basada en un diagnóstico del Banco Mundial, reveló que el 45 % de los proyectos de inversión pública iniciados en la última década se encuentra paralizado. Esta ineficiencia estructural representa una pérdida potencial equivalente al 17,3 % del Producto Bruto Interno (PBI), afectando directamente la construcción de infraestructura en sectores críticos como salud y educación. El informe IEC N.° 97 señala que la raíz del problema no es solo la falta de recursos, sino una débil articulación entre la planificación técnica y la asignación presupuestal, sumada a una elevada discrecionalidad que permite que casi la mitad del gasto real anual no figure en el presupuesto inicial aprobado. El diseño de las contrataciones públicas también ha sido identificado como un obstáculo para la competencia. Durante años, las exigencias de garantías financieras excesivas limitaron la participación de constructoras nacionales, favoreciendo a grandes empresas estatales extranjeras. Aunque se han realizado correcciones normativas, CAPECO sostiene que aún persisten asimetrías que desalientan a los actores locales. Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo del gremio, enfatizó que el estancamiento de estas obras impide alcanzar las metas de desarrollo sostenible del país. Al respecto, Valdivia señaló: “El problema no es coyuntural sino estructural, y responde a una débil articulación entre planificación, presupuesto y ejecución”. Frente a este escenario, el gremio constructor propone migrar hacia un modelo de gestión integral que considere el ciclo de vida completo de la infraestructura, incluyendo la operación y el mantenimiento. Se plantea además fortalecer el control mediante supervisión externa y la digitalización de procesos para reducir la burocracia. El informe advierte que, de no implementarse reformas que mejoren la calidad del gasto, la sostenibilidad fiscal podría verse tensionada por iniciativas legislativas con alto impacto presupuestal. Sobre la urgencia de este cambio, el documento concluye: “Esta práctica erosiona la predictibilidad del gasto y debilita la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos”. |
| Fuente: Infobae |
Estabilidad macroeconómica y empleo formal avanzan pese a bajo potencial de crecimiento Análisis de LLYC y la UPN destaca que la inflación de 1,5 % y el repunte del empleo privado son insuficientes para cerrar brechas de productividad ante el ciclo electoral 2026. La economía peruana muestra señales mixtas en la antesala del proceso electoral de 2026, combinando una solidez macroeconómica envidiable con debilidades estructurales persistentes. Según un análisis presentado por LLYC y la Universidad Privada del Norte (UPN), la inflación se mantiene bajo control en un 1,5 %, mientras que el empleo formal privado creció un 6,4 % interanual hasta octubre. El sector agroexportador fue clave en este dinamismo, incorporando a cerca de 100 mil nuevos trabajadores formales. No obstante, los especialistas advierten que estos indicadores positivos no logran traducirse en un bienestar duradero para la clase media debido a la baja productividad y la ineficiencia del aparato estatal. La inversión privada ha comenzado a mostrar una recuperación firme, registrando tasas de crecimiento de doble dígito por primera vez desde 2012. Este repunte es visto por los analistas como el destrabe de una «inversión embalsada» que había quedado postergada por la incertidumbre política de años previos. Diego Macera, director del IPE, indicó que, si bien la recuperación es más sólida, el país aún enfrenta límites severos para elevar su crecimiento potencial sin reformas profundas. Sobre el estado actual de la inversión, Macera señaló: “La economía atraviesa una fase de recuperación más firme, con una inversión privada que crece a tasas de doble dígito por primera vez desde 2012”. De cara al 2026, el desafío del empresariado radica en participar activamente en el debate nacional para recuperar la confianza y fomentar un servicio civil meritocrático. El diagnóstico subraya que la falta de nuevos proyectos mineros de gran escala, a pesar de los altos precios internacionales, refleja trabas regulatorias que desalientan las inversiones de largo aliento. La disciplina fiscal y la mejora en la ejecución de obras públicas mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) se presentan como las únicas vías para asegurar la sostenibilidad. Al respecto, Carlos Neuhaus enfatizó el compromiso del sector privado: “El empresariado tiene un rol que va más allá de invertir: también es contribuir a la confianza, informar y participar activamente en el debate país”. |
| Fuente: El Comercio |
Ventas de Ferreycorp superan los US$ 2,100 millones impulsadas por la minería y construcción El dinamismo de la inversión privada en el sector extractivo y la infraestructura elevó los ingresos de la corporación en un 8 % durante el ejercicio 2025. La corporación Ferreycorp reportó ventas récord de US$ 2,177 millones al cierre del 2025, lo que representa un crecimiento del 8 % en comparación con el año anterior. Este resultado positivo fue impulsado principalmente por la fuerte demanda de maquinaria Caterpillar y servicios de soporte técnico en los sectores estratégicos de la economía peruana. La minería de tajo abierto y subterránea fue el motor principal, concentrando el 57 % de los ingresos totales, seguida por el sector construcción con un 22 %. En términos monetarios locales, las ventas alcanzaron los S/ 7,798 millones, consolidando la rentabilidad de la empresa en un entorno de recuperación de la inversión privada. El modelo de negocio de la corporación se benefició notablemente de la provisión de repuestos, servicios logísticos y el alquiler de maquinaria pesada, rubros que complementaron la venta directa de unidades nuevas. Al 31 de diciembre de 2025, la utilidad neta se situó en S/ 481 millones, manteniendo una solidez financiera que permitió otorgar un rendimiento total al accionista del 46,8 %, sumando el incremento en el precio de la acción y los dividendos distribuidos. El informe financiero destaca que las operaciones de Caterpillar en el Perú generaron el 81 % de los ingresos totales del grupo, reafirmando la dependencia positiva del crecimiento de los proyectos de infraestructura y minería. A pesar de la ligera reducción del 1,7 % en la utilidad neta respecto al año previo, la corporación fortaleció su presencia en mercados regionales, con ventas en el exterior que sumaron US$ 189 millones. Los negocios complementarios en Sudamérica y la oferta logística integrada también mostraron un desempeño resiliente. La dirección de la empresa destacó que el éxito operativo se debe a la alineación con los sectores que impulsan el PBI nacional. Sobre la composición de sus ingresos, el reporte oficial de la corporación puntualizó: “Las ventas de Caterpillar mostraron una participación de 75 % en los ingresos totales de la corporación, lo que comprende la venta y el alquiler de máquinas”. |
| Fuente: Perú 21 |
Cosco Shipping defiende autonomía del Puerto de Chancay y rechaza afectación a la soberanía La empresa estatal china aclaró que el terminal carece de extraterritorialidad y se somete a la supervisión de múltiples autoridades peruanas tras el fallo judicial a su favor. Cosco Shipping, operadora del megapuerto de Chancay, emitió un pronunciamiento oficial tras la sentencia del Poder Judicial que respaldó su acción de amparo contra Ositran y la Presidencia del Consejo de Miembros. La compañía subrayó que la naturaleza privada del terminal no vulnera la soberanía nacional, desmintiendo las preocupaciones expresadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta falta de control estatal. Según la empresa, el fallo judicial reconoce la legalidad vigente y asegura que el puerto opera bajo el marco jurídico peruano, sin gozar de privilegios que lo eximan de las normativas políticas, administrativas o tributarias del país. La firma detalló que es una falacia afirmar que el puerto carezca de supervisión, pues dentro de sus instalaciones operan permanentemente entidades como Aduanas, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el Senasa, y diversas unidades de la Policía Nacional y Migraciones. El conflicto central radica en la competencia de Ositran para regular tarifas y defender intereses de usuarios, funciones que Cosco Shipping sostiene corresponden legalmente a la APN. Sobre este punto, la empresa puntualizó: “La naturaleza privada del Puerto de Chancay no significa afectación alguna de la soberanía nacional, argumentando que el terminal portuario carece de alguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria y regulatoria”. Pese a las tensiones, la operadora reafirmó su compromiso de cumplir con la normativa nacional mientras se resuelven las instancias judiciales definitivas, indicando que actualmente realiza los aportes de regulación a Ositran “bajo protesta”. La empresa busca mantener una infraestructura moderna que sirva como herramienta de progreso para el Perú bajo los mayores estándares internacionales. Al respecto, el comunicado concluyó de manera contundente: “Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización, así como de velar por la protección de derechos de los usuarios”. |
| Fuente: El Comercio |
Crisis en Petro-Perú: Gerencia General e irrevocable renuncia ante plan de despidos El directorio y la alta gerencia no logran consensuar la reducción de hasta 900 empleados, cuyo plazo de aprobación vence este viernes 13 de febrero. La reorganización de Petro-Perú, dispuesta por el Decreto de Urgencia 010-2025, ha desatado una crisis interna profunda que pone en riesgo la estabilidad de su plana directiva. El directorio de la petrolera estatal, presidido por Elba Rojas, exige la liquidación de entre 600 y 900 trabajadores como parte de la nueva estructura orgánica de la empresa. Sin embargo, la gerencia general, liderada por Rita López, se opone a esta medida masiva calificándola de innecesaria. López ha propuesto alternativas como la anulación de contratos temporales y programas de jubilación incentivada, respaldándose en informes legales externos que desaconsejan las liquidaciones colectivas por sus implicancias laborales. El desacuerdo ha llegado a un punto de quiebre, resultando en la exclusión de la gerenta general de las sesiones del directorio y el rechazo sistemático a sus propuestas técnicas para la reconversión de personal. Ante esta situación, Rita López presentaría su renuncia de forma irrevocable, lo que agrava la incertidumbre a pocos días de que venza el plazo legal para la aprobación del plan de reestructuración patrimonial. Según fuentes internas, la fricción es total en torno a la aplicación de la cuarta disposición transitoria de la norma vigente, la cual obliga a la empresa a reducir costos operativos de manera inmediata para asegurar su viabilidad financiera. Con el reloj en contra, el directorio debe decidir si procede con el recorte de personal sin el respaldo de la gerencia operativa o si flexibiliza las medidas de ajuste. El plazo para que el directorio de Petro-Perú apruebe la nueva estructura orgánica vence este viernes 13 de febrero, lo que obliga a una definición urgente. Sobre la gravedad de las discrepancias, los reportes internos indican: “El directorio y la gerencia no se llegan a poner de acuerdo”, subrayando que la falta de consenso podría paralizar los esfuerzos de recuperación de la empresa estatal más importante del país. |
| Fuente: CIP |
Presentan plataforma con IA para gestionar inversiones en la futura ZEEP de Chancay El Colegio de Ingenieros del Perú oficializó a 13 equipos para diseñar una herramienta tecnológica que ordenará el desarrollo del primer hub ecotecnológico de Sudamérica. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) presentó ante el presidente José Jerí un ambicioso proyecto para implementar inteligencia artificial (IA) en la futura Zona Económica Especial Privada (ZEEP) de Chancay. La iniciativa busca articular la infraestructura logística con el talento humano y la tecnología para ordenar las inversiones y dinamizar el empleo en la región. Un total de 13 equipos, conformados por 65 ingenieros, han sido seleccionados tras la hackathon “Smart Chancay” para diseñar una plataforma digital de uso público. Esta herramienta permitirá identificar oportunidades reales de negocio y acompañar el proceso de industrialización de la zona norte de Lima. El proyecto apunta a convertir al megapuerto en el primer hub ecotecnológico de Sudamérica, integrando información sobre servicios y oportunidades comerciales en tiempo real. Según el decano del CIP Lima, Edwin Chávarri Carahuatay, la plataforma no será solo el resultado de una competencia, sino una herramienta escalable que el gremio pondrá al servicio de ciudadanos e inversionistas. El objetivo es que la ingeniería se consolide como el pilar fundamental del desarrollo nacional, garantizando que el crecimiento en Chancay sea ordenado y sostenible. Chávarri resaltó: “Chancay representa una oportunidad estratégica para el Perú. Su proyección logística y su potencial de articulación con mercados internacionales nos plantean un reto claro”. La inmersión técnica de los ingenieros coincide con la etapa final de la reglamentación de la ZEEP, lo que permitirá que la plataforma tecnológica esté alineada con los instrumentos legales vigentes. El Colegio de Ingenieros reafirmó su voluntad de trabajar con el Ejecutivo para que la tecnología sea el motor que atraiga capitales internacionales y potencie a las empresas locales. Sobre la visión estratégica del proyecto, el decano Edwin Chávarri remarcó con convicción: “El Perú se encuentra ante una coyuntura decisiva, donde infraestructura, logística, tecnología y talento humano deben articularse de manera inteligente”. |
| Fuente: Trome |
Emprendedora ferretera cumple 29 años de operación La empresaria ancashina consolidó su negocio de materiales de construcción superando la falta de servicios básicos y la precariedad logística en sus inicios en 1997. El sector minorista de materiales de construcción en Lima Norte destaca por historias de consolidación progresiva, como la de Nicolaza, quien fundó su ferretería en 1997 con una oferta limitada a dos unidades por producto. En sus etapas iniciales en Canto Grande, el negocio enfrentó desafíos operativos críticos, incluyendo el transporte manual de agregados en triciclos y la inestabilidad de locales alquilados. Ante las dificultades de fiscalización y falta de infraestructura, la empresaria trasladó sus operaciones a Lima Norte, estableciéndose en una zona que en aquel momento carecía de servicios básicos de agua, luz y alcantarillado, pero que ofrecía un mercado potencial por la expansión urbana del sector. Para asegurar la viabilidad financiera del proyecto, la propietaria implementó estrategias de diversificación de ingresos y captación directa de clientes en zonas de edificación. Durante los fines de semana, Nicolaza generaba capital adicional mediante la venta de alimentos dentro del local, mientras que los domingos realizaba trabajo de campo ofreciendo suministros en los terrenos en proceso de urbanización. Este enfoque proactivo, sumado a la capacitación técnica recibida a través de la red Progresol, permitió que la ferretería transitara de la subsistencia a una gestión organizada, optimizando hoy su almacenamiento mediante la clasificación de mercadería y el control de rotación de inventarios. La trayectoria de este negocio familiar refleja la capacidad de resiliencia del microempresario peruano frente a las barreras de entrada del mercado formal. Tras casi tres décadas de actividad, la ferretería se ha posicionado gracias a la fidelización de clientes y la estabilidad en su cadena de suministro. La empresaria recuerda que el inicio del negocio estuvo marcado por la incertidumbre y la presión administrativa, factores que superó con disciplina fiscal y esfuerzo físico compartido con su familia. Sobre aquel primer hito de ventas, Nicolaza señaló: “Tengo dos recuerdos muy presentes: uno es que el primer día vendimos 11 soles, lo que nos alegró mucho; el otro es que, un día después de abrir las puertas, llegó personal municipal”. |
| Fuente: Lima Conecta |
Nueva Carretera Central suma 500 días de atraso y agrava costos y riesgos Falta de presupuesto y cambios en la ejecución frenan una obra clave para la macroregión centro. La Nueva Carretera Central acumula cerca de 500 días de retraso, situación que afecta la competitividad, la seguridad y el desarrollo del centro del país. Así lo advirtió Carlos García Terrazos, presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, tras una reunión con el Ejecutivo. “La conectividad tiene incidencia directa en la competitividad. Nuestros productores y la población que se desplaza de Huancayo a Lima enfrentan altos costos y riesgos permanentes”, afirmó. Según explicó, el atraso responde a recortes presupuestales en el contrato entre los gobiernos de Perú y Francia, lo que frenó estudios de ingeniería, geotecnia y liberación de predios. García alertó que el proyecto, previsto para el 2031, podría postergarse hasta el 2036. “No tenemos garantías claras de presupuesto”, señaló. Añadió que más de 11 millones de personas siguen expuestas a una vía peligrosa, con impactos negativos en comercio, turismo y exportaciones. |
