Mapeado. En dos informes remitidos a la Fiscalía de Lavado de Activos, la entidad informó que el exalcalde es propietario de empresas en Panamá que “no contarían con registros de fuente extranjera”. Por lo tanto, López Aliaga “nunca habría efectuado declaración ni tributo por fuente (ingresos del) extranjero, a pesar de tener empresas en el extranjero” (sic).
Durante la campaña electoral, el candidato presidencial Rafael López Aliaga en reiteradas ocasiones señaló, sin presentar pruebas, que José Miguel Castro no murió por suicidio, sino que había sido víctima de un asesinato para que no declare como testigo de actos de corrupción de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014). Es cierto que Castro se convirtió en colaborador eficaz en el caso de los sobornos de Odebrecht para financiar campañas políticas de Villarán. Pero al momento de perder la vida, Castro también era un potente testigo en el caso por lavado de activos que enfrenta López Aliaga. El 26 de julio de 2022, al año siguiente de haber perdido la primera elección presidencial, la fiscal Manuela Villar formalizó ante el Poder Judicial la imputación por lavado de activos contra Rafael López Aliaga, su socio Rui Baracco Lira y tres empresas offshore creadas por el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca, a pedido del exalcalde de Lima: Acres Investments Ltd., en Nevada, Estados Unidos; Acres Investments International Ltd., en Panamá; y Paga Investments Ltd., en Islas Vírgenes Británicas (BVI).
Según la fiscal Villar, estas offshore recibieron fondos provenientes de los contratos que suscribieron dos empresas de López Aliaga con la Caja Metropolitana de Lima, cuando la presidencia del directorio estaba ejercida por José Miguel Castro. El testimonio de Castro era clave en este proceso que implica al candidato presidencial, pero fue encontrado muerto por suicidio en su casa, el 29 de junio de 2025, según las autoridades. López Aliaga dice que fue “ejecutado” para que “no hable sobre Villarán”. No menciona que el fallecimiento de Castro también podría favorecerlo.
La ruta hacia Panamá
En el caso de lavado de activos están implicadas otras dos empresas de López Aliaga: Acres Finance S.A. y Acres Sociedad Titulizadora S.A., fundadas por López Aliaga en Lima.
De acuerdo con la fiscalía, durante la gestión de José Miguel Castro como presidente de la Caja Metropolitana de Lima, fueron contratadas ilegalmente Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora. Ambas fueron parte de un plan para gestionar una millonaria deuda del programa municipal Caja Gas, que resultó un fracaso durante el mandato del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora no fueron seleccionadas mediante un concurso público sino que Castro las escogió porque las manejaban sus amigos, quienes trabajaban para López Aliaga. El 4 de octubre de 2012, la Caja Metropolitana, con aprobación de José Miguel Castro, Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora, fueron contratadas. Las ganancias que obtuvieron estas firmas fueron luego transferidas a la offshore de López Aliaga en Panamá, Acres Investments International Ltd. Inc., conforme la imputación de la fiscalía. Por esta operación, la Contraloría señaló que la Caja Metropolitana de Lima perdió al menos S/9,9 millones.
Es decir, Acres Investments International Ltd. Inc. de Panamá, controlada por López Aliaga, es accionista mayoritaria de Acres Investments S.A., de Lima, que también maneja el candidato presidencial.
La voz de la Sunat
Al mismo tiempo, esta empresa panameña es accionista de Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora -como puede apreciarse en los documentos de Registros Públicos-, las que fueron contratadas por la Caja Metropolitana de Lima durante el periodo de José Miguel Castro.Es por esta razón que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos consultó a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), si las empresas involucradas de López Aliaga cumplían con pagar impuestos.
En el expediente del caso, se consignan dos documentos de la Sunat que recogen las respuestas a la fiscalía y que revelan que no cumplirían con las obligaciones tributarias.
Por: Ángel Páez