El pasado 30 de abril de 2026, minutos después de las cinco de la tarde, Renzo Andrés Reggiardo Barreto formalizó ante la Corte Superior de Justicia de Lima una demanda de amparo contra el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en respuesta a la resolución que declaró inviables las elecciones complementarias en la capital. El recurso, ingresado bajo el expediente 07299-2026-0-1801-JRDC-11, sostiene una supuesta vulneración del derecho de participación política de cerca de un millón de limeños, pero en los hechos configura un intento de forzar por la vía judicial un proceso que el órgano técnico ya descartó. Más que una controversia jurídica, la acción revela la decisión de un sector político de desconocer el criterio electoral cuando este no le favorece, trasladando el conflicto a otro poder del Estado.
LA ESTRATEGIA JURÍDICA COMO PROLONGACIÓN POLÍTICA
La presentación del amparo en el 11° Juzgado Constitucional no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de supervivencia política que busca reabrir un proceso cerrado. Reggiardo, figura clave del entorno municipal de Rafael López Aliaga, actúa como operador legal de una línea política que se niega a aceptar límites institucionales. La apelación a la “defensa del voto” funciona como cobertura discursiva de una ofensiva que apunta a sostener espacios de poder ante un contexto de desgaste y cuestionamientos a la gestión. El expediente de 51 folios no solo busca sustento jurídico, sino instalar la idea de un agravio masivo que permita legitimar la presión sobre el sistema electoral.
Este enfoque ha sido cuestionado incluso desde el ámbito legal. El abogado Natale Amprimo advirtió que una autoridad pública no es el sujeto afectado directo para interponer este tipo de recursos y que su rol exige distancia frente a disputas electorales, además de precisar que no existe un acceso directo al Tribunal Constitucional como se ha sugerido. La crítica no es menor: expone la fragilidad del argumento jurídico y refuerza la lectura de que se trata de una movida política más que de una defensa genuina de derechos fundamentales.
PRESIÓN SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL
La insistencia en cuestionar la inviabilidad de las elecciones complementarias refleja una negativa a aceptar las reglas del sistema cuando el resultado no es funcional a determinados intereses. En lugar de canalizar el desacuerdo por las vías políticas correspondientes, la estrategia apunta a judicializar el proceso, generando un escenario de tensión que compromete la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones. Este traslado del conflicto no solo prolonga la incertidumbre, sino que abre la puerta a decisiones que podrían ser percibidas como interferencias en materia electoral.
En este contexto, el rol del Poder Judicial adquiere una relevancia crítica. La admisión o rechazo de este tipo de recursos definirá hasta qué punto las instituciones pueden resistir presiones de carácter político. La utilización del amparo como herramienta para revertir decisiones técnicas plantea un precedente delicado en un sistema democrático que ya enfrenta problemas de legitimidad y confianza ciudadana.
EL USO DEL VOTO COMO ARGUMENTO POLÍTICO
El argumento de la defensa del derecho al sufragio aparece como eje central del discurso de Reggiardo, pero su aplicación resulta cuestionable frente a los fundamentos que llevaron al JNE a declarar la inviabilidad del proceso. La invocación de un supuesto millón de ciudadanos afectados se presenta más como una narrativa de impacto que como un análisis jurídico consistente. En la práctica, el recurso parece orientado a construir un relato de agravio que permita sostener la ofensiva política.
La paradoja es evidente: sectores que reivindican el respeto a la institucionalidad recurren a mecanismos extraordinarios para forzar decisiones que ya han sido evaluadas por la autoridad competente. Este doble estándar debilita la coherencia del discurso y refuerza la percepción de que el respeto a las reglas es condicionado por la conveniencia política.
Un precedente bajo observación
Más allá del resultado específico de este proceso, lo que está en juego es la capacidad del sistema democrático para sostener decisiones técnicas frente a presiones políticas. La acción de amparo presentada por Reggiardo no solo busca reabrir un escenario electoral cerrado, sino que pone a prueba los límites entre el uso legítimo de los mecanismos legales y su instrumentalización con fines políticos. En un contexto de alta polarización, este tipo de maniobras exige vigilancia ciudadana y claridad institucional para evitar que la judicialización se convierta en una vía recurrente para desconocer decisiones electorales. (Diario Uno)