El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo, ocurrida tras su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022, no respetó los pasos correspondientes para llevarse a cabo de manera regular. La información fue publicada por el medio Epicentro. Fuentes cercanas al entorno del exmandatario afirmaron la validez del documento a este medio. Para los especialistas de Naciones Unidas, esta detención fue arbitraria debido a que vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —derechos a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a un tribunal independiente y a la presunción de inocencia— y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen énfasis en el derecho a la libertad y la igualdad ante los tribunales.

Ante este escenario, los especialistas instaron al Estado peruano a disponer la liberación inmediata de Pedro Castillo y señalaron que el exmandatario tiene derecho a solicitar una reparación por los perjuicios ocasionados por su detención arbitraria. Otro de los aspectos que aborda el documento es la evaluación sobre una posible discriminación contra el exmandatario debido a su origen campesino y su condición social por parte de grupos de poder. Tras analizar este punto, el Grupo de Trabajo concluyó que «no se presentaron los elementos suficientes para acreditar la existencia de discriminación».

En ese sentido, los expertos señalaron que, según su evaluación, el escenario descrito evidencia «un continuo enfrentamiento entre grupos con distintas posiciones políticas», más que un caso de discriminación acreditada. Además, el Grupo de Trabajo señaló que solicitará información sobre las medidas de seguimiento adoptadas luego de darse sus recomendaciones.

“El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta susopinionesy, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado”, señala el documento en sus conclusiones.

Sobre el carácter vinculante de la resolución

Para conocer si esta decisión tendría carácter vinculante y, por tanto, debería cumplirse en el Perú, La República consultó al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera. El especialista explicó que las opiniones del Grupo de Trabajo adquieren ese carácter debido a que el Estado peruano ha ratificado el tratado internacional que sustenta la existencia de estos órganos.»Si bien es cierto que las opiniones de un Grupo de Trabajo no tienen la fuerza de una resolución jurisdiccional, estos órganos existen en virtud del mandato del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el Perú ha ratificado. Por lo tanto, ello determina el carácter vinculante de sus decisiones», indicó Rivera a este medio.

Posiciones encontradas por posible indulto a Pedro Castillo

La posible concesión de un indulto al expresidente Pedro Castillo para que recupere su libertad ha sido uno de los temas de debate en las últimas semanas. El presidente José María Balcázar se ha pronunciado sobre esta posibilidad y no ha descartado tramitar una gracia presidencial a favor del exmandatario. Según señaló, una medida de este tipo contribuiría al proceso de pacificación que, a su juicio, necesita el país.

«Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar. De tal manera que no habría ninguna objeción que hacer, porque es una decisión presidencial, la Constitución me autoriza», declaró en entrevista con RPP.

Sin embargo, desde Fuerza Popular han rechazado esta posibilidad. El senador electo Héctor Ventura calificó la eventual concesión del indulto como un tema «irrelevante» para el país y sostuvo que carece del sustento técnico necesario.

«Hay muchísimo que trabajar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, darle estabilidad jurídica, social, política y económica al país, y no estar pretendiendo intereses personalísimos; el indulto a Castillo es un imposible jurídico», declaró a Perú21.

El mes pasado, la Comisión de Gracias Presidenciales desestimó el pedido de indulto presentado por el expresidente Pedro Castillo. Tras evaluar la solicitud, el organismo determinó que esta no reunía las condiciones exigidas para acceder al beneficio, por lo que el exmandatario continuará privado de su libertad y bajo las disposiciones dictadas por las autoridades correspondientes.

Por su lado, el abogado de Castillo y exministro del Interior, Wilfredo Pedraza también se unió a los que consideran que el exmandatario podría acceder a un perdón presidencia. Según explicó Pedraza a este medio, Pedro Castillo cumpliría con las condiciones legales para acceder a una gracia presidencial, ya que no tiene una sentencia firme, mantiene la condición de procesado y ha permanecido detenido por un periodo que supera el doble del plazo previsto para el proceso. Además, precisó que las restricciones para este beneficio solo alcanzan a determinados delitos, como el sicariato, la extorsión y la violación de menores de edad.

Por: Mauricio Muñoz

Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, encabezada por la fiscal Patricia Benavides Vargas, emitió un dictamen en el que solicita a la Corte Suprema la aplicación de la ley de amnistía a favor de Luis Edgardo Paz Cárdenas, coronel en situación de retiro, que enfrenta cargos por delitos de desaparición forzada y homicidio calificado en el caso de las víctimas Rodolfo Ángel Escobar Jurado y Falconieri Zaravia Castillo. La fiscal fundamenta su petición en la Ley N.º 32419, publicada en agosto de 2025, la cual concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

El documento sostiene que, debido a que el caso de Paz Cárdenas se enmarca en ese periodo, la norma “resulta aplicable”. Pero la justificación de Benavides no queda ahí, el documento precisa además que, pese a la existencia de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la citada ley y a los cuestionamientos sobre el tema en el Tribunal Constitucional, la norma «forma parte del ordenamiento jurídico» y se encuentra vigente.

Por tales consideraciones, Patricia Benavides Vargas sostiene que la Corte Suprema debe declarar «fundada la excepción de

En entrevista con la República, el abogado del IDL Carlos Rivera, señaló que existe una «omisión de carácter constitucional» por parte de la fiscal, ya que, de acuerdo con la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución, todo operador de justicia está obligado a ejercer el «control de convencionalidad» y aplicar los estándares de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sin embargo, para Benavides esta obligación internacional parece secundaria. El especialista calificó el dictamen como «absolutamente deficiente» y advirtió que la fiscal apenas utiliza dos páginas para sustentar su posición, consciente de que no encontrará un verdadero sustento que legitime para su pedido.

«[Patricia Benavides] decide simplemente poner un argumento estrictamente formalista sobre un tema que está repudiado en el derecho internacional, que es la aplicación de la ley de amnistía».

Además, Rivera cuestionó la gravedad del dictamen y advierte que el pedido de la fiscal marca un antes y un después en la historia del Ministerio Público, al convertir a la institución en un actor que, lejos de perseguir el delito, facilita la impunidad.

«Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente de ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado, colocándose en una zona de repudio, pues nunca antes un fiscal había pedido algo así», sostuvo el experto.

Para el abogado, este dictamen trasciende lo legal y apunta a un trasfondo político. «No se trata solo de ignorancia en el interés internacional, creo que es un acomodamiento, una suerte de oportunismo político para caer bien a quienes vienen a gobernar”.

Además, agregó que la fiscal estaría intentando generar un espacio de encuentro con la política, alineándose con una agenda que ataca al sistema de justicia.

El experto también alertó sobre el impacto para los familiares de las víctimas ante una posible aprobación en la Corte Suprema. «Si la Suprema acepta, esta ley promulgada por el Congreso —que es una norma pro-crimen— será la fuerza abierta hacia la impunidad. Lo que hace este dictamen es abrir las puertas de las cárceles a gente que debería estar pagando su responsabilidad penal».

Por: Jazmín Bianchi