LA DOBLE MORAL JUDICIAL: Analistas denuncian que el ‘Lawfare’ se usa como arma para perseguir a disidentes políticos, mientras desde Palacio de Gobierno se evita reformar un sistema capturado por grandes intereses.
La crisis del sistema de justicia en el Perú ha destapado una compleja red de intereses que entrelaza la persecución política, la impunidad del crimen organizado y cuestionables fallos en disputas corporativas. Mientras diversos sectores ciudadanos exigen la declaratoria de emergencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, la propia presidenta de la República, Keiko Fujimori, muestra una clara negativa ante esta medida estructural. Este escenario expone lo que diversos analistas denominan una guerra jurídica, donde el aparato judicial actúa con toda su fuerza contra ciertos actores políticos de distintas ideologías, pero libera a delincuentes comunes de alta peligrosidad, operando en la práctica como una maquinaria lucrativa que beneficia a grupos de poder.
LA MAQUINARIA JUDICIAL Y EL ‘LAWFARE’
El análisis político de los últimos años, observado desde una óptica materialista, apunta a que el sistema de justicia se ha convertido en un escenario de guerra de cuarta generación. Recientes resoluciones del Tribunal Constitucional sobre casos emblemáticos, que involucran a figuras como Ollanta Humala, Vladimir Cerrón y a la propia presidenta Fujimori en el pasado, han dejado en evidencia serias falencias en los procesos penales. Desde diversas tribunas se denuncia que la persecución jurídica e ideológica ya no busca la justicia, sino que responde a los intereses de la gran burguesía financiera y de clanes enquistados en el aparato estatal.
Esta hipótesis sostiene que el gran capital utiliza como brazo operativo a diversas ONG ligadas a un sector de la izquierda caviar o a liberales de corte progresista. El objetivo sería neutralizar a cualquier adversario o disidente que represente un obstáculo para sus agendas económicas. Resulta paradójico que la actual jefa de Estado, habiendo sido ella misma objeto de estos procesos y Una justicia secuestrada teniendo hoy el poder político para liderar una reforma, no respalde desde el Ejecutivo una declaratoria de emergencia profunda del sistema judicial. Esta inacción genera legítimas interrogantes en la ciudadanía sobre posibles pactos, temores ocultos o favor res políticos que se deben pagar a quienes manejan los hilos del sistema.
IMPUNIDAD EN LAS CALLES Y MAFIAS CORPORATIVAS
El contraste en la administración de justicia resulta alarmante y doloroso cuando se observa el trato hacia la delincuencia común. Mientras la agenda y los recursos fiscales se saturan en la persecución política, organizaciones criminales, facciones del Tren de Aragua, sicarios y extorsionadores encuentran las puertas abiertas. La Policía Nacional arriesga vidas realizando capturas tras arduos operativos, pero con indignante frecuencia, el Ministerio Público o el juez de turno ordenan su liberación en tiempo récord. Esta realidad alimenta la crisis de inseguridad ciudadana y desprotege a las familias peruanas frente a la mirada pasiva del actual gobierno.
A nivel corporativo, la podredumbre judicial también deja huellas de inmundicia. Un claro ejemplo actual es la larga disputa que enfrenta Universitario de Deportes con la empresa Gremco. En este escenario, Franco Velazco ha denunciado públicamente la existencia de fallos prevaricadores por parte de jueces que parecen responder a intereses particulares. Frente a este atropello, Velazco anunció acciones legales contundentes señalando que “mañana vamos a presentar la oposición y lo vamos a denunciar al juez Edwin”. Asimismo, instó a las máximas autoridades a intervenir directamente, exclamando: “Hago un llamado a la presidenta del Poder Judicial, doctora Inés Tello”. Estos casos evidencian cómo los vacíos legales son aprovechados por poderes fácticos para desestabilizar instituciones, todo bajo el amparo de sentencias hechas a la medida.
Una justicia secuestrada
La negativa de la Presidencia de la República y de la clase política tradicional para declarar en emergencia a las instituciones tutelares de la justicia no solo prolonga la agonía del país, sino que garantiza la impunidad de las verdaderas mafias. Resulta crítico reflexionar hasta cuándo toleraremos que las leyes sean un instrumento de castigo para el adversario político y un escudo protector para el criminal que aterroriza las calles. El miedo a reformar el sistema judicial desde el poder más alto del Estado solo demuestra que nuestras instituciones están secuestradas por quienes prefieren el caos antes que perder sus privilegios. El Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser declarados en emergencia para su urgente reestructuración absoluta.
DATO
LA CRISIS institucional revela la consolidación de un circuito lucrativo y perverso donde operan cinco actores clave: malos jueces, fiscales, abogados, malos policías y peritos. Esta cadena ha transformado el acceso a la justicia peruana en una verdadera máquina de hacer dinero, donde el derecho se vende al mejor postor y la verdad judicial depende de quién puede pagarla. (Diario Uno).