El excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), desde su llegada al Mincul, viene acomodando a diferentes personajes en puestos clave de la sede central del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El problema es que Beingolea no designa a los mejores profesionales; lo que hace es colocar a allegados o expartidarios del PPC en puestos estratégicos. Su primer mes de gestión se ha destacado por el clientelismo, la falta de meritocracia y el uso político del aparato estatal.
En esta primera entrega de una serie de informes sobre los allegados de Beingolea en el Mincul, revelaremos cómo una madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, y su hija, Sofía Magali Aguayo Morales, han sido colocadas por orden del ministro en despachos privilegiados del Ministerio de Cultura.
La hija: Sofía Aguayo Morales
El 31 de julio, tres días después de que Beingolea asumiera el cargo de ministro, Sofía Aguayo Morales llegó hasta el octavo piso de la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado, en San Borja. Su ingreso al despacho del ministro quedó registrado a las 10:52 de la mañana. Según testigos, ingresó ansiosa y saludó al ministro de manera efusiva. Casi cuatro horas después, a las 2:32 de la tarde, Aguayo se retiró con rostro amable y con un nuevo cargo bajo el brazo.Es importante señalar que, el 31 de julio, día en que visitó al ministro de Cultura, Aguayo Morales todavía ocupaba el cargo de subdirectora de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias de la Dirección de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El detalle es que, en la ATU, Sofía Aguayo viene siendo investigada por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública: cohecho pasivo impropio y negociación incompatible, en agravio del Estado peruano (Caso N.° 506015506-2025-314-0). La investigación avanza en manos de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mientras su defensa legal es pagada con dinero de todos los peruanos. Tras la visita de Sofía Aguayo, el ministro Beingolea ordenó a su círculo de confianza abrir un espacio para Aguayo Morales en el Ministerio de Cultura. Es decir, a Beingolea no le importó que su amiga tenga una investigación por graves delitos en agravio del Estado. Según fuentes, Iván Pereyra Villanueva, jefe de gabinete del despacho ministerial, y Abraham Alex Rivas Lombardi, secretario general del Mincul, habrían sido los personajes que se encargaron de mover los hilos en las entrañas del Mincul para, finalmente, colocar, por orden del ministro, a Sofía Aguayo Morales como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), con un sueldo de S/ 15 600.
La BNP es una institución adscrita al Ministerio de Cultura y ahora su gerencia general, que dirige la ejecución del presupuesto institucional, ha caído en manos de una expepecista investigada por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Fuentes de la sede central de la cartera de Cultura señalan que, bajo el pretexto de expedientes técnicos, continuarán las oscuras movidas en la gestión de Beingolea. El control de la gerencia general de la BNP sería el inicio de una próxima articulación con intereses económicos y políticos.El perfil de Sofía Aguayo Morales para ser gerente general de una Biblioteca Nacional no es el indicado. Antes de la ATU, estuvo como secretaria en el Ministerio del Interior; luego figura un contrato de seis meses como abogada de la Municipalidad de Lima y dos años en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. Es decir, su mayor experiencia se circunscribe al sector inmobiliario.
A pesar de una grave investigación y de no tener un adecuado perfil para el cargo, Sofía Aguayo Morales fue designada gerente general de la BNP el 6 de agosto pasado. Un día antes, el 5 de agosto, también se oficializó su renuncia de la ATU mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 187-2026-ATU/PE.Sofía Aguayo estuvo afiliada al PPC entre el 12 de septiembre de 2011 y el 7 de septiembre de 2021. Es decir, permaneció casi una década en el partido, periodo durante el cual compartió diversas actividades con el también expepecista Alberto Beingolea. Pero Aguayo no llegó sola al Ministerio de Cultura. Al igual que ella, su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote —otra expepecista—, fue colocada por Beingolea en un puesto privilegiado.
La madre: Lourdes Beatriz Morales Morote
Tras la llegada de Sofía Aguayo a la BNP, todavía faltaba algo pendiente: encontrar un puesto de trabajo para Lourdes Beatriz Morales Morote, madre de la nueva gerente general de la Biblioteca Nacional. La movida familiar para instalarse en un cargo en la sede central del Mincul tenía todo el apoyo del ministro Beingolea. La nueva orden para la contratación fue dada, otra vez, a Iván Pereyra Villanueva, jefe de gabinete del despacho ministerial.Aquí surgió un detalle: Lourdes Morales, conocida expepecista —afiliada al PPC entre el 7 de junio de 2005 y el 7 de septiembre de 2021—, es una de las mujeres de confianza de Alberto Beingolea, pero no tiene grados o títulos académicos registrados en Sunedu. Su situación para acceder a un cargo en el Mincul parecía complicada, pero, teniendo a Alberto Beingolea como ministro de Cultura, había que inventarle algo. Es así que, desde la Oficina de Gabinete de Asesores y con aprobación y apoyo de Beingolea, se habilitó, el 8 de agosto pasado, la Orden de Servicio N.° 03991-2026-S, a nombre de Lourdes Beatriz Morales Morote, por un valor de S/ 32 500 por prestar servicios durante 145 días. Es decir, S/ 6 500 mensuales, sin tener grados o títulos universitarios registrados en Sunedu.
La descripción de la orden de servicio detalla que la madre de Sofía Aguayo fue contratada para prestar el «Servicio de Asistencia Técnica en Gestión de Procesos Administrativos para el despacho ministerial». Es decir, el ministro Beingolea la colocó en su propio despacho.Dentro de los detalles del servicio, se señala que la madre de la gerente general de la BNP y amiga de Beingolea gestionará, junto a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, las actividades protocolares que demanden la participación del ministro. Además, brindará apoyo administrativo al ministro de Cultura en reuniones y en la gestión y coordinación vinculadas a comisiones de servicio a nivel nacional. También gestionará, planificará y mantendrá al día la agenda del ministro Beingolea. Adicionalmente, colaborará en la filtración y recepción de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes oficiales. Y, finalmente, gestionará la logística de viajes oficiales, incluyendo viáticos y desplazamientos del titular del Mincul.
En su delcaración jurada de intereses, la propia Sofía Aguyo Morales declara que Lourdes Morales Morote es su madre. Hasta aquí, toda la documentación presentada nos habla de hechos concretos.El antecedente Richard Swing
El caso Richard Swing se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Martín Vizcarra. Todo comenzó con la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio que, según las investigaciones, generaron serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos y la justificación de los servicios contratados. El caso escaló rápidamente: llegó al Congreso, provocó investigaciones fiscales y puso bajo la lupa a funcionarios del Ministerio de Cultura y de Palacio de Gobierno.
La investigación terminó adquiriendo una dimensión política de enorme impacto. Funcionarios vinculados al Mincul y a Palacio de Gobierno fueron investigados y algunos afrontaron medidas como detención y prisión preventiva. El escándalo también terminó siendo uno de los detonantes de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra. Lo que empezó como una serie de cuestionadas órdenes de servicio a favor de Richard Swing terminó convertido en una crisis que golpeó directamente al Gobierno y colocó al Ministerio de Cultura en el centro de una investigación que trascendió sus propias oficinas.
Un ministerio no debe ser un botín
La designación de una madre y una hija muy cercanas al ministro Beingolea plantea serias preguntas sobre ética, idoneidad, meritocracia y un eventual favorecimiento indebido.
En la administración pública, los cargos no deberían convertirse en espacios de confianza personal ni en mecanismos para favorecer a personas cercanas al poder. La regla es otra: quienes ejercen una función pública deben actuar en defensa del interés general, con imparcialidad, probidad, transparencia y respeto por las condiciones de idoneidad exigidas para cada puesto. Beingolea ha demostrado que no le importa nada de esto.
El primer elemento es el conflicto de intereses. La Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece deberes y prohibiciones orientados a garantizar que los intereses personales no interfieran con el cumplimiento de la función pública. También prohíbe obtener ventajas indebidas mediante el uso del cargo.
Queda claro que el ministro Beingolea intervino directamente para favorecer la contratación de la hija y de la madre, personajes cercanos a su entorno. Aquí, la primera pregunta que corresponde formular es sencilla: ¿se tomó la decisión en función del interés institucional o de una relación personal?
No se trata únicamente de determinar quién fue contratado. Mediante una investigación desde el Congreso o el Ministerio Público, se debería conocer quién elaboró los términos de referencia, quién estableció los requisitos, quién evaluó los perfiles, cuántas personas participaron en la contratación y por qué Beingolea intenta convertir el Ministerio de Cultura en un botín.
El segundo punto es la meritocracia. La administración pública no puede convertirse en una bolsa de empleos para personas vinculadas a funcionarios. La Ley N.° 31299, que modificó las normas sobre nepotismo, incorporó disposiciones relacionadas con los principios de meritocracia, buena administración y correcto uso y asignación de los recursos públicos.
Aquí aparece un aspecto que debe ser documentado: si la hija fue colocada en una gerencia importante, corresponde comprobar si cumplía exactamente con el perfil profesional, la experiencia y los demás requisitos establecidos para el cargo. La pregunta decisiva es: ¿cumplía los requisitos del puesto o se modificó, flexibilizó o acomodó el perfil para permitir su ingreso?
El tercer elemento es la idoneidad. Un cargo de responsabilidad dentro de un ministerio exige que la persona designada tenga las competencias necesarias para ejercerlo. Si la documentación demuestra que no cumplía los requisitos establecidos, la entidad tendría que explicar cómo fue seleccionada y quién asumió la responsabilidad de esa decisión.
Más delicada aún resulta la situación de la madre, que no cuenta con documentación académica registrada en Sunedu. Una orden de servicio por S/ 32 500 al estilo Richard Swing, generan interrogantes, por ello, las condiciones de la contratación y las funciones asignadas deben ser revisadas para determinar si existe correspondencia entre el servicio contratado, los requisitos exigidos y el pago que se efectuará. Los S/ 6 500 mensuales también merecen una explicación sobre los criterios utilizados para fijar dicha remuneración.El cuarto punto es el favorecimiento indebido. El ministro Beingolea intervino para beneficiar a personas de su entorno, aquí la discusión deja de ser solamente política. Se tendría que abrir también una investigación administrativa para determinar si existió vulneración de los deberes y prohibiciones éticas, así como de las reglas que regulan la contratación y el ejercicio de la función pública.
La madre y la hija no son las únicas
Beingolea, en los últimos días, ha copado el Ministerio de Cultura con una larga lista de personajes que vistieron la camiseta del PPC. Entre los recientes llegados al Mincul también aparecen Rosario Payet Bedoya y Karem Craff Malaga. El problema es que, en estas designaciones, no se estaría aplicando la meritocracia, sino la dedocracia.
Gentey sociedad
Así las cosas, las acciones del ministro Beingolea pueden ingresar a una dimensión mucho más grave: la eventual responsabilidad penal.
El Código Penal contempla el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cuando un funcionario, directa o indirectamente, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, por un contrato u operación en la que interviene debido al cargo que ocupa.
En la administración pública, la confianza política no reemplaza la idoneidad. La amistad no reemplaza el mérito. Y una orden de servicio no puede convertirse en una puerta lateral para colocar personas dentro del Estado.
Nos comunicamos con la directora de comunicaciones del Mincul y con el propio ministro Alberto Beingolea para recoger sus descargos. Hasta el cierre de este informe solo hemos recibido silencio.
Lo que viene pasando en el Ministerio de Cultura también compromete políticamente a la presidenta Keiko Fujimori, debido a que la mandataria permitió que los ministerios se convirtieran en cuotas de poder. ¡Basta de saquear el Estado!
Por: Edwin Cavello Limas