Hace apenas una semana, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, defendió públicamente la necesidad de reducir la contratación de locadores administrativos bajo la premisa de eliminar la duplicidad de funciones. La titular del seguro social argumentó que el objetivo central de esta medida era optimizar los recursos presupuestales para destinarlos de manera prioritaria a la contratación y abastecimiento del personal asistencial en los hospitales.

Sin embargo, una reciente incorporación contractual dentro de la institución ha reencendido los cuestionamientos hacia la actual gestión. A pesar del discurso de contención del gasto, la entidad procedió con la contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios para labores de índole administrativa, lo que contradice las medidas de austeridad anunciadas por la alta dirección.

El caso que ha generado mayor controversia se registra en la Oficina de Relaciones Institucionales (ORI), dependencia que habría contratado a Aida Pilar Rosales Espinoza como personal administrativo. La contraprestación fijada asciende a S/ 6,500 mensuales, un monto que resulta altamente llamativo en el contexto actual y que se equipara o supera el ingreso promedio de diversos profesionales de la salud.

La mayor discrepancia recae en la naturaleza de las tareas asignadas a la nueva locadora. Según la información conocida sobre la orden de servicio, las actividades a desarrollar se superpondrían con las funciones que ya ejecuta el personal nombrado o contratado en la plantilla permanente de la propia oficina, contraviniendo el criterio de duplicidad que la administración prometió erradicar.

Respecto al perfil de la contratada, Rosales Espinoza cuenta con trayectoria administrativa previa dentro de entidades del sector público. Según se detalla en su historial laboral, se desempeñó entre 2022 y 2025 como asistente administrativa en la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, para luego prestar servicios en el Ministerio de Salud entre enero y julio del presente año.

El hallazgo de este nuevo contrato deja en evidencia una aparente contradicción entre la política institucional informada a los medios y las decisiones administrativas adoptadas en la práctica diaria. La situación genera incertidumbre sobre el alcance real de la mentada reducción de locadores y la efectividad de los filtros aplicados para evitar contrataciones superfluas.

El escenario salpica además al plano político y de fiscalización superior, abriendo la interrogante sobre si el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sector del cual depende EsSalud, tiene conocimiento de estas contrataciones o si dispondrá una revisión de los procesos de locación de servicios vigentes en el seguro social.

Mientras la línea oficial insiste en la necesidad de adelgazar la burocracia institucional para reforzar las guardias de médicos y enfermeras en los centros de salud, la aparición de contratos con honorarios elevados en áreas de soporte administrativo exige respuestas claras por parte de las autoridades competentes. (Expreso).