Fiscalía estadounidense incorporó graves señalamientos al proceso y un juez rechazó el pedido de arresto domiciliario por razones de salud.
Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos ante una corte federal de Estados Unidos por presuntos actos de tortura y represión cometidos durante el periodo en que el chavismo ejerció el poder en Venezuela.
La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en la creación y mantenimiento de un sistema destinado a perseguir a quienes cuestionaban al régimen.
La acusación, presentada este jueves, sostiene que entre 1999 y 2025 miles de venezolanos sufrieron acoso, amenazas, detenciones, persecución, agresiones, torturas o asesinatos a manos de personas que actuaban bajo una supuesta autoridad estatal.
El documento también incorpora los casos de al menos tres ciudadanos estadounidenses y describe un esquema que, según los fiscales, buscaba garantizar la permanencia de Maduro y Flores en el poder.
La nueva acusación amplía el expediente que ya enfrentaba la pareja en Nueva York por narcotráfico y terrorismo de Estado. Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que Estados Unidos los detuvo durante un ataque ejecutado en Caracas el 3 de enero.
La investigación original comenzó seis años antes y no contemplaba los señalamientos relacionados con violaciones de derechos humanos, aunque organismos de Naciones Unidas investigan y documentan ese tipo de hechos en Venezuela al menos desde 2014.
El fiscal James M. McDonald atribuyó a la pareja el uso de estructuras militares, los llamados “colectivos”, grupos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, además de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), para detener y torturar a personas consideradas opositoras. Según los fiscales, la violencia aumentaba durante los periodos de mayor inestabilidad política.
El expediente incorpora testimonios de tres ex altos oficiales identificados como “CC-1”, “CC-2” y “CC-3”, quienes describieron presuntas prácticas de tortura y órdenes impartidas desde las estructuras de poder.
Uno de ellos aseguró que supervisó tormentos ejecutados por subordinados y recibió instrucciones para asesinar a personas que se oponían a Maduro. Otros dos exfuncionarios reconocieron, según la Fiscalía, que ordenaron y participaron directamente en torturas contra ciudadanos estadounidenses.
Uno de los testimonios describe la detención de un estadounidense sometido a privación de alimentos y agua, simulacros de ahogamiento, golpes reiterados, descargas eléctricas en los testículos e inyecciones forzadas.
Otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense detenido en agosto de 2023 cuando viajó a Venezuela para visitar familiares. El hombre relató que agentes de la DGCIM lo golpearon, amenazaron con matarlo y aplicaron descargas eléctricas durante su reclusión en Caracas.
Los captores, según su testimonio, le dijeron que lo mantenían con vida para utilizarlo como moneda de canje en un eventual intercambio de prisioneros.
La acusación también atribuye a Cilia Flores un papel en el supuesto aparato represivo y relaciona una de las referencias a sus familiares con Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, quienes afrontaron procesos por narcotráfico en Estados Unidos.
Los dos primeros fueron detenidos en Haití en 2015 y condenados en 2016, mientras que en 2022 la Administración de Joe Biden les concedió un indulto dentro de un intercambio de prisioneros; en diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro volvió a sancionarlos.
Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos imputados
Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos y su defensa pidió que ambos reciban tratamiento como jefes de Estado y gocen de inmunidad. Los fiscales rechazaron esa posición y sostuvieron que la Casa Blanca nunca reconoció a Maduro como presidente y que las autoridades de Miraflores tampoco reclamaron formalmente inmunidad para la pareja.
En paralelo, el juez que conduce el proceso rechazó la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores, quien alegó razones de salud. El expediente también menciona al general Hugo Carvajal, antiguo jefe de la DGCIM y coacusado en el caso de narcotráfico y terrorismo, quien se declaró culpable en 2025 y ofreció testificar contra Maduro y Flores.