Aquellos que no entienden la política como vocación, sino como simple mecanismo para mejorar o “enriquecer” su vida, son también culpables de la grave crisis por la que atraviesa, en materia institucional, el país. Y lo son porque en su analfabetismo político creen que la falta de legitimidad es algo superable o, peor aún, superficial.

En efecto, cuando recientemente le reclamaban al congresista Cueto respecto a un bono recibido, respondió desafiante algo así como que lo que pensara la gente le es indiferente. No se le puede pedir, por supuesto, que tenga un adecuado pensamiento político a quien ha pasado toda su etapa formativa y profesional en la Marina de Guerra. Tampoco se le puede pedir un comportamiento más político. El problema es que el desgaste, la pérdida de legitimidad y respeto no solo recae sobre él, sino que afecta al íntegro del Congreso.

El problema de la falta de legitimidad es que, en primer lugar, esta arrasa con la credibilidad. Un Congreso con niveles del 5% de popularidad carece de la legitimidad necesaria para hacer reformas, por ejemplo, o emprender acciones de control. Puede adoptar buenas medidas, pero la gente se rehúsa a verlas como buenas pues tiene una pésima percepción del Parlamento. Es lo que sucede ahora en que acciones como el retorno a la bicameralidad, las acciones de control contra ministros o la Junta Nacional de Justicia, son vistas de manera negativa por la ciudadanía. Como si pensaran que algo se esconde detrás de estas acciones. No se esconde nada. Es simplemente falta de legitimidad.

También es terrible para un país que no se sepa a quién creer. Por poner ejemplos de la coyuntura, se duda de lo que dice el ministro de Economía, se duda de los extitulares del sector. Lo mismo pasa con la Fiscalía de la Nación. Se duda de todos los sectores involucrados, del Ministerio Público, del Gobierno, de los congresistas y abogados. No se sabe a quién creer. ¿Saben por qué? Porque ninguno tiene autoridad moral, insumo básico para lograr la credibilidad y, sobre todo, el camino al desarrollo.

El Gobierno, cuya máxima autoridad es también Jefe de Estado, es el que debería ser más consciente de este problema; pero la presidenta Boluarte, irresponsablemente, también lo ve a la ligera. Pareciera que no puede entender que un gobierno como el suyo, en el que ella tiene niveles de popularidad de un dígito y su presidente del Consejo de Ministros porcentajes de popularidad aún menores, no tiene legitimidad para crear conciencia en la ciudadanía y mucho menos el shock de confianza que se requiere para relanzar la economía. Esto, aunado a que no se tiene oposición, genera un panorama en el que no se puede avizorar algo positivo para el país.

No hay política. Se hace todo lo posible para dejarla al margen, ignorando que ella es la única que nos puede sacar de la crisis en la que estamos. Acercarse al fin de año revive la esperanza en que el nuevo año será mejor. En nuestro país, esta vez, eso no será así. Solo se notan nubarrones en el horizonte.

Por: JUAN SHEPUT

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