La presidenta Dina Boluarte fue blindada por el Congreso. A través de la Comisión Permanente, se mandó al archivo las denuncias constitucionales contra la mandataria por el caso Club Apurímac.
Con 17 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, los parlamentarios integrantes del grupo de trabajo en mención aprobaron la medida que anula las demandas 268 y 269.
Las querellas se presentaron en el marco del informe de la Contraloría General de la República, donde la dignataria en mayo de 2022, en su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría cometido infracción reglamentaria al haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac.
Además, dos trabajadores del centro recreativo consiguieron jugosos contratos con el Estado durante el año 2022 que redondearon los tres millones de soles.
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), emitió el informe final en el que se concluyó que los hechos atribuidos a Boluarte Zegarra, en relación con la presentación de su declaración jurada de intereses, específicamente mencionados en la denuncia 269 y su ampliación, son caracterizados como un caso de declaración jurada de intereses incompleta, según lo establecido por la Ley 31227.
Los cuales no involucraron en absoluto acciones de gestión o dirección de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, sino que se limitaron a la formalización de decisiones adoptadas por esta entidad jurídica. Estos actos no causaron perjuicio concreto a un bien jurídico-constitucional.
Asimismo, no se determinó irregularidad alguna en el proceso de renuncia de Dina Boluarte ante el Reniec, y no existen indicios que surgió su indebido interés en la contratación de Alfredo Florentino Pezo Paredes en la Contraloría General de la República.
A la par no se identificó que los hechos denunciados configuren algún tipo penal como negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. (Expreso).