Un nuevo escándalo sacude al fútbol  peruano. El Ministerio Público inició una investigación preliminar, el último miércoles 24 de abril, contra Agustín Lozano, presidente de la Federación  Peruana de Fútbol (FPF); Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes; José Sabogal, exadministrador de Alianza Lima; el representante de futbolistas, Elio Casareto, ner; y los miembros del Fondo Blanquiazul Carlos Hiraoka, Irzio Prieto Bruno Pinasco y Salomón Lerner, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado  Peruano y otros.

En el documento, revelado por Willax, se detalla que Lozano, Ferrari y Casareto, por medio del grupo Coril, se habrían apoderado del ‘Fondo Blanquiazul’ para influenciar en Alianza Lima y beneficiar a la empresa 1190 Sports.

“Se presenta la denuncia de parte en contra de la presunta organización criminal encabezado por Agustín Lozano, Jean Ferrari y Elio Casareto, quienes empleando su estructura de poder mediante su brazo económico –Coril– al haber instrumentalizado al club Alianza Lima apoderándose del Fondo Blanquiazul para tener la mayoría de las acreencias para suscribir el contrato 1190 Sports, en beneficio de esta empresa, pese a que como es de público conocimiento de las pérdidas de más de 44 millones de dólares que impactan en el fútbol peruano”, se lee en el documento.

“Debe tenerse en cuenta que esta presunta organización criminal tiene un brazo estratégico encabezado por Jean Ferrari y Salomón Lerner, quienes necesitan tener el esquema para que pueda funcionar el Factoring que Coril le brinda a Universitario de Deportes, que ahora le ha impuesto a Alianza Lima y que utiliza la propia FPF y el negocio de 1190 Sports.

Mediante la suscripción de este contrato, la organización criminal se vio beneficiada y logró incorporar a nuevos miembros en el Fondo Blanquiazul, con la finalidad de suscribir el contrato y beneficiar sus intereses”, señala la denunciante.

“Guido Flores Marchan, presidente de IPD, siendo un funcionario público en ejercicio, viene consintiendo que la presunta organización criminal encabezada por Agustín Lozano Saavedra no pague el 10% correspondiente a los derechos de trasmisión que el IPD debería recibir, asimismo tampoco ejercen debida ni correctamente sus funciones, toda vez que, no exigen dicho pago y permiten que la denunciada organización criminal siga lucrando, defraudando al Estado, al parecer con conocimiento del Ministerio de Educación”, indica.

Ante todo, lo expuesto, el Ministerio Público inició diligencias preliminares por 90 días naturales por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, y contra el orden económico, en la modalidad de corrupción en el ámbito privado.

Agustín Lozano y otros dos implicados más de 20 años de cárcel

Al respecto, el abogado corporativo, José Asti, precisó que, de confirmarse ambos delitos, las personas involucradas recibirán una pena de 24 años.

Por: Carlos Palacios

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