Pese al marcado aumento de los reportes de violencia escolar observado en las escuelas del país tras la pandemia, los recursos transferidos para combatir el problema son mínimos. En lo que va del 2023, el Estado ha destinado solo S/2,24 millones para prevenir el acoso escolar y el maltrato del personal educativo contra los alumnos. Esta cifra representa menos del 0,01% del presupuesto destinado al sector Educación (S/43.592 millones).

El monto también es menor en casi 90% que los S/22,3 millones transferidos para el mismo objetivo en el 2021, cuando la mayoría de los centros educativos todavía no habían regresado a las clases presenciales.

De la cifra total disponible, S/1,03 millones han sido invertidos por el Ministerio de Educación (Minedu) en Lima Metropolitana y S/1,21 millones fueron ejecutados por los gobiernos regionales, a través de las direcciones de educación. Al cierre de este informe, solo se ha gastado el 52% de los fondos disponibles en la capital y el 54% en el interior.

Los programas presupuestales incluidos se denominan “Niños y Niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual”, con S/1,57 millones; y “Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar”, con S/669 mil [ver gráfico].

Ambos rubros pertenecen a la categoría presupuestal llamada “Productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer” y están vigentes desde el 2021. En el 2020, el Estado destinó S/32 millones para un fin similar al pliego denominado “Estudiantes y padres acceden a servicios preventivos de la violencia”. Antes, ni el Gobierno Central ni los gobiernos regionales habían destinado recursos para actividades específicas contra el acoso escolar y la violencia sexual en los colegios.

Prioridades

Carlos Calderón, oficial de Políticas Sociales de Unicef Perú, sostiene que la creación de ambos programas presupuestales significa un avance en el combate contra la violencia respecto de años anteriores, pero que aún es insuficiente, sobre todo en el interior del país.

“Estos programas son una novedad de política pública. La lucha contra la violencia ha estado concentrada en la atención prioritaria de madres o parejas agredidas, pero aún no se ha enfocado en la prevención, donde estamos invirtiendo muy poco. Es clave trabajar con las escuelas, con gente que está formándose para que cuando crezca no vea la violencia o el machismo como algo normal.

Esperemos que esto cambie en el presupuesto del 2024″, explicó.

El especialista agregó que el Minedu debe asegurar una estrategia para que los gobiernos regionales destinen una porción de sus presupuestos a las actividades mencionadas.

“El Ministerio de Economía y Finanzas transfiere los fondos para el sector Educación a las regiones. Cada gobierno regional elabora directamente su presupuesto. El Minedu puede promover que destinen más recursos, pero ellos son los que deben ejecutar. Por ejemplo, para el aprendizaje de niñas y niños en prevención de la violencia sexual solo hay presupuesto para seis departamentos. En el resto no se está haciendo nada”, concluyó.

Por: Jorge Falen

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